Lic. Luis Martínez Guzmán, Abogado
Fundador y Presidente
Centro Jurídico Internacional de Derechos Humanos en México
Coordinador Auxiliar del Programa VHI-OEA
Para quienes estamos convencidos del valor intrínseco de la vida de todo ser humano, desde su concepción hasta su muerte natural, el escenario político mexicano recientemente nos has regalado un guiño de ojo.
En efecto, era de esperarse que, en días pasados, al ser el primer ‘Día Internacional de la Mujer’ que se celebra bajo el primer gobierno de izquierda en el país, los intentos de legalización del aborto serían intensos. Los grupos favorables al aborto albergaban una enorme expectativa, en un día así, de un gobierno así. Sin embargo, no contaban con que el Presidente de México, Andrés López Obrador, miembro del partido político Movimiento Regeneración Nacional, respondería de la misma manera con que respondió, cuando fue en años anteriores, Jefe de Gobierno de la Capital del Distrito Federal de la Ciudad de México.
En efecto, quienes más saben de política mexicana, y sobre todo los más allegados a López Obrador, recordarán que él fue quien frenó el aborto y las uniones de pareja del mismo sexo en las leyes de la Capital, durante su incumbencia en los años desde el 2001 hasta el 2005. Del mismo modo, al ser interrogado sobre el tema, el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el presidente de México recomendó: “no impulsar el debate, habida cuenta de la existencia de problemas que requieren atención prioritaria” y “si aumenta la discrepancia, consulta sobre el aborto, va.” Recientemente en Puebla, solicitó a la sociedad civil le permitiera mantenerse al margen, pues el tema contribuye a la confrontación; sin embargo, si más adelante crece la discrepancia y el caso lo amerita, vería la forma de atenderlo, siendo la mejor manera, la democracia.
Todo lo anterior sugirió un referéndum o consulta sobre el aborto en México. Sin embargo, la simple propuesta del presidente fue rechazada por grupos proaborto. Según datos de
Parametría, una de las casas encuestadoras más importantes en el país, la población en México sigue siendo mayoría a favor de la protección de la vida y la penalización del aborto.
Ahora bien, veamos a quién le conviene foguear el debate sobre el aborto en el México actual, y lo que sería la postura que requiera replantearse. Baste mencionar que, actualmente en México, el aborto sigue siendo un delito, y que el presidente no está interesado en levantar polvo ni generar cambio alguno en el tema. Intelligentibus pauca.
Hace tan solo algunos meses, en octubre de 2018, ocurrieron dos intentos de presión legislativa a favor del aborto de parte de la Diputada del Movimiento Regeneración Nacional, Lorena Villavicencio Ayala, y del Senador del Partido de la Revolución Democrática, Juan Zepeda Hernández. Ambos tuvieron nulo eco y ninguna respuesta, por falta de respaldo de sus propios grupos, aun cuando son total mayoría en ambas Cámaras. Es decir, ni a la misma izquierda política mexicana le interesa de forma prioritaria el tema actualmente. En la agenda claramente se encuentran la propuesta para la Guardia Nacional, la Ley de Austeridad, la Revocación de Mandato, la Consulta Popular, y otros temas similares.
La presión actual, en el contexto del 8 de marzo, no vino de las cúpulas gubernamentales o legislativas, sino de legisladores de la Ciudad de México, siendo la única entidad gubernamental con el aborto legalizado; y quienes, incluso el pasado 15 de marzo exigieron a las Cámaras federales la despenalización del aborto. Sin duda el respaldo de organizaciones feministas ha dado más eco al tema del que políticamente le corresponde. Incluso han cambiado su discurso, notándose de forma hasta desconcertante, que ahora los argumentos feministas se refieren a su postura “provida”, pues defienden a la mujer, y “jamás estarían en contra del aborto o a favor de la muerte”, sino a favor de prevenir la muerte de mujeres por abortos inseguros, así como el encarcelamiento o criminalización de mujeres por el delito de aborto.
Estos dos argumentos recién mencionados siguen siendo endebles, pues las muertes maternas en la Ciudad de México no han disminuido, a pesar de estar legalizado el aborto desde el 2007. Y si bien grupos feministas dan cifras – inexactas – de carpetas de investigación penal sobre mujeres que abortaron, en todo el país son aislados y contados los casos de mujeres en prisión por este delito. Mediáticamente, se les hace ver el modo en que víctimas de la criminalización por aborto pero que son mujeres que, en realidad, cometieron infanticidio o incluso homicidio calificado, que son tipos penales muy distintos al delito de aborto.
Con todo, el tema del aborto en México ha sido cerrado, al menos hasta septiembre, según el Diputado Mario Delgado Carrillo del Partido Movimiento Regeneración Nacional, líder de la mayoría en el Congreso, quien afirmó que el debate del tema se pospondría hasta el próximo periodo ordinario, que inicia en dicho mes. Esto significa que, incluso, el tema del aborto estará congelado hasta los inicios del 2020, pues es bien sabido que la prioridad del próximo periodo ordinario de septiembre a diciembre de 2019 será el presupuesto y los temas económicos, laborales, y educativos.
En definitiva, en un país que actualmente es constitucionalmente provida, los grupos a favor del no nacido, debemos mover con mássabiduría nuestras piezas en el tablero. Tenemos mucho que perder. En cambio, los grupos favorables al aborto no tienen nada en absoluto que perder y todo por ganar en una contienda así. Hacer caso, entonces, a la sugerencia presidencial de ‘no encender el debate’ es lo más sabio, en estos momentos.
El escenario, a partir de 2020, en caso de no ser capaces de establecer agendas compartidas con los grupos de izquierda menos radicales, en temas como la justicia, el combate a la corrupción, y la educación – sería mucho pedir, quizás, el tema laboral – será, no una consulta sobre el aborto, siendo una estrategia que las mismas feministas boicotearían, sino la propuesta de la Secretaria de la Gobernación, Olga Sánchez Cordero, por nombramiento del Presidente López Obrador, que consiste en lo siguiente: un código penal unificado que no sería consultado sino legislado por una mayoría de izquierda, y que seguramente daría entrada en todo México a la legalización del aborto. Esa sería la estrategia de los grupos proaborto.
Tenemos tiempo, pues, los mexicanos, para rezar y pensar mejor nuestras estrategias, y sobre todo, nuestras razones, con las que más nos acercaremos a nuestro propósito. Más que polarizar un debate social, se deber ser parte de un diálogo social para resolver de raíz problemas que en sí mismos generan una “cultura” de la muerte; esto, sin duda, es nuestra mejor alternativa. Y sin abandonar nuestra meta principal que es la protección absoluta en la constitución y en la ley de los no nacidos en nuestra patria mexicana.
